El Derecho de Propiedad Intelectual parece haber cobrado de pronto una gran actualidad. Y no me refiero a la creciente acumulación de congresos, masters, jornadas de estudio y artículos doctrinales originados por las entidades especializadas en esta materia, sino su eclosión en los medios de comunicación, redes sociales e incluso en el Parlamento y en los discursos de los políticos.

            Este derecho no es, sin embargo, cuestión novedosa. Se atribuye su nacimiento al Estatuto de la Reina Ana de 1709, y se desarrolló en Europa en el siglo XIX, como es bien sabido.

            La Ley Española que lo regulaba, de 1878, permaneció intacta y un tanto olvidada durante más de cien años, hasta que conseguimos sustituirla, en 1987, por una nueva Ley, moderna y avanzada, que se ha completado después, sobre todo por la expansión de las nuevas tecnologías.

            Pero la cuestión ya se había agudizado con las teorías de la cultura gratuita y los partidarios de la creación intelectual sin remuneración, pues les parecía escandaloso que poetas y escritores exigieran dinero por ver publicadas sus obras que, según mantenían aquéllos, los autores las debían a la sociedad, que les dotaba de la cultura necesaria para crearlas.  LEER MÁS–>

Juan Mollá.